La Ley Federal de Protección al Consumidor sanciona con cárcel a los gasolineros que manipulen sus equipos para despachar litros incompletos en perjuicio de los consumidores.

En caso de que se sospeche que lo que se pagó no corresponde a la cantidad de combustible, el consumidor tiene el derecho de presentar su denuncia sea ante la propia PROFECO o directamente ante el Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de que se inicie la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades y proceder a la aplicación de la ley.

La legislación, en este tipo de prácticas deshonestas, es muy clara al señalar que se puede demandar a quien de manera dolosa altere los instrumentos de medición utilizados para enajenar o suministrar hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados.

Sobre todo ahora que ya no hay un control oficial sobre el precio de la gasolina, los dueños de vehículos que acuden a cargar su unidad de gasolina aseguran que sienten que la aguja no sube y que les despachan cantidades inferiores (litros incompletos), en lo que sostienen resulta ser un atraco y por lo que demandan que las estaciones de servicio sean revisadas para constatar la forma en la que operan sus equipos.