Respalda Ayuntamiento iniciativa que garantiza el libre acceso a playas

• El pleno edilicio se manifestó a favor del proyecto de decreto que plantea emprender acciones para tal efecto

Sesión cabildo, iniciativa acceso playas

Puerto Vallarta

Wendy Díaz

Puerto Vallarta respalda la iniciativa de reforma presentada al seno del Congreso del Estado de Jalisco, a fin de emprender acciones que garanticen el libre acceso a espacios públicos, incluyendo las playas, que además de ser parte importante de este destino turístico, también son fundamentales para el disfrute de los vallartenses.

En sesión ordinaria, el pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprobó la iniciativa de acuerdo edilicio presentada por el presidente municipal, respecto del proyecto de decreto 26217/LXI/16 del Congreso del Estado, que reforma la fracción III del artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

El propósito es que no existan lagunas legales que permitan el aprovechamiento indebido de las playas y bienes de uso común, por el contrario se garantice su libre acceso, ya que el estado tiene 342 kilómetros de litoral y aproximadamente el 82% ha sido concesionado a particulares por la Semarnat.

El alcalde Arturo Dávalos Peña, resaltó que la iniciativa establece que “las autoridades estatales y municipales reconocerán, promoverán, protegerán y garantizarán el derecho de toda persona a acceder y disfrutar del patrimonio de uso público, conformado por todos los bienes inmuebles del dominio público que bajo cualquier título legal estén afectos al uso común, y en especial las playas, riberas y malecones, sin más limitaciones que las dictadas por el interés público”.

Asimismo, puntualizó que establece claramente “que debemos de promover estrategias para garantizar el libre acceso, lograr que las empresas que tienen concesiones dejen accesos libres y sean de dominio público, no de dominio privado”.

De forma unánime los ediles se manifestaron a favor de esa iniciativa que también advierte que “los jaliscienses tendrán derecho a participar, a ser consultados y a oponer las excepciones y defensas legales que estimen legítimas, respecto de cualquier decisión, proyecto o acto administrativo que altere o pretenda modificar el estatuto jurídico o las modalidades de accesibilidad o disfrute del patrimonio de uso público”.