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EU lamenta que Texas haya ejecutado a Tamayo “sin revisar” el caso.
John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos “lamentó” la decisión del estado de Texas de ejecutar anoche al preso mexicano Edgar Tamayo “sin revisar” el caso, como había pedido la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2004.
“El Departamento de Estado lamenta la decisión de continuar con la ejecución de Tamayo sin esa revisión y reconsideración”, indicó Marie Harf, portavoz del Departamento de Estado, en un comunicado.
Harf insistió en que “el cumplimiento Estados Unidos” con sus obligaciones internacionales a raíz del llamado caso Avena “son fundamentales para nuestra capacidad para asegurar acceso consular y asistencia a nuestros ciudadanos que son arrestados o detenidos por gobiernos extranjeros”.
La portavoz reiteró que “el Departamento de Estado había comunicado estos importantes intereses a las autoridades de Texas” y les había instado a “retrasar la ejecución de Tamayo para ofrecer una oportunidad para una revisión de la condena y sentencia requerida por el fallo Avena”.
En 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Estados Unidos revisar los casos de los condenados a muerte cuyo derecho a la notificación consular fue violado, pero el estado de Texas se negó a cumplir esa orden en el caso de Tamayo y de otros dos presos mexicanos, ya ejecutados.
En septiembre, el propio secretario de Estado, John Kerry, había enviado una carta al gobernador de Texas, Rick Perry, advirtiéndole de que este caso podría “afectar la manera en la que se trata a los estadounidenses en el extranjero”.
Tamayo, condenado a muerte por el asesinato de un policía en 1994, fue ejecutado anoche mediante una inyección letal en la cárcel de Huntsville (Texas) con tres horas de retraso sobre el horario previsto, debido a la presentación de un recurso de última hora que fue rechazado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
La ejecución del preso se llevó a cabo a pesar de las numerosas protestas de México y varias organizaciones políticas y sociales internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Amnistía Internacional, que han denunciado la falta de un juicio justo y la discapacidad mental leve que sufría Tamayo. (EFE)
