Diputados y diputadas aprueban nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

• La iniciativa de Ley será votada en el pleno de las 30 diputadas y diputados para su discusión y aprobación en su caso.

Comisión de Transparencia

Tepic, Nayarit

Daniel López

En reunión de la Comisión de Transparencia e Información Gubernamental de la Cámara de Diputados en su Trigésima Primera Legislatura, previo análisis diputadas y diputados aprobaron por unanimidad la iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, presentada por el titular del Poder Ejecutivo, Roberto Sandoval Castañeda.

Dicha iniciativa de Ley consta de 203 artículos distribuidos en ocho títulos, y de ser aprobada ante el Pleno de la Cámara de Diputados, Nayarit se integraría a la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que permitiría aprovechar las tecnologías en beneficio de la transparencia y acceso de información pública.

La presentación estuvo a cargo del Secretario General de Gobierno José Trinidad Espinoza Vargas, quien en representación del Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda señaló que a esta Ley se le concibe como de orden público e interés general, debido a que en ella se establece quienes son los sujetos obligados de la transparencia y el acceso a la información, y se detallan cuáles son las obligaciones comunes y cuales las específicas de cada sujeto obligado.

El voto unánime de las diputadas y diputados a favor de este nuevo ordenamiento jurídico para la entidad nayarita, es debido a que en su conjunto tiene como finalidad hacer compatible la Ley estatal de la materia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; todo hacia un mismo bien común, que es tener una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.

De esta manera, quienes integran la Trigésima Primera Legislatura continúan consolidando acciones legislativas a favor de los ciudadanos con el interés de que estén bien informados sobre el uso de los recursos públicos de los tres órdenes de gobierno, así como de los sindicatos, partidos políticos y particulares en los supuestos previstos en la norma.