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Detienen en Texas la ejecución de un mexicano por falta de datos sobre la inyección.
Una jueza federal de Houston ordenó este miércoles suspender dos ejecuciones inminentes, incluida la de un preso de nacionalidad mexicana, hasta que el estado de Texas informe sobre la composición de la inyección letal que les aplicará.
La decisión de la jueza Vanessa Gilmore bloquea la ejecución este jueves de Tommy Lynn Sells y también la del próximo miércoles de Ramiro Hernández Llanas, de nacionalidad mexicana, según recoge un documento de la corte federal.
“La corte suspende las ejecuciones previstas de los demandantes hasta que la información identificada se produzca”, concluye la jueza en su orden de cinco páginas.
Las ejecuciones quedan suspendidas hasta que las autoridades del estado de Texas rompan el secretismo en torno a la procedencia de las sustancias usadas en las inyecciones letales y revele el nombre de los proveedores de los componentes de la inyección letal.
La jueza pide que se facilite a los dos presos la “plena revelación del producto con el que Texas causará su muerte” y poder así hacer uso de la información sobre el dolor que podrían afrontar para abrir una posible acción judicial.
Para la jueza, no tener detalles sobre los componentes químicos que se usarán viola los derechos constitucionales de los dos presos.
El Departamento de Justicia Criminal de Texas obtuvo hace dos semanas una nueva provisión del fármaco pentorbital, un sedante, y alegó razones de seguridad para no hacer público el proveedor de la sustancia ni otros detalles sobre el componente.
La ejecución de Hernández Llanas, de 44 años y natural del estado de Tamaulipas, supondrá un nuevo desacato a la resolución de la Corte Internacional de Justicia sobre el llamado “Fallo Avena”, que en 2004 ordenó la revisión de 50 casos de mexicanos condenados a la pena capital en EU.
La CIJ consideró que a estos mexicanos en Estados Unidos no se les respetó su derecho a la notificación y asistencia consular.
Precisamente la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes revisar una apelación interpuesta por los abogados de Hernández Llanas para que su caso fuera revisado.
Los abogados alegaron que su coeficiente intelectual es el de un discapacitado mental y que no recibió una defensa legal apropiada durante el juicio en el que fue condenado por el asesinato de un ranchero en 1997. (EFE)
