De tres a seis años de cárcel por uso de facturas falsas, Contadores.

José Parra Terríquez, presidente de IMCP Nayarit

Tepic, Nayarit

“Más de ocho mil empresas en el país han emitido o recibido facturas de operaciones simuladas, es decir, sin sustento legal y cumplimiento de obligaciones fiscales de productos, bienes y servicios”, señala el Presidente del Instituto Mexicano de la Contaduría Pública, IMCP Nayarit; José Parra Terríquez.

“Esta situación ha provocado las modificaciones al Código Fiscal de la Federación que pretenden evitar la comisión del delito de emisión de facturas falsas que simulen operaciones inexistentes y fortalecer la vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes”.

“La autoridad fiscal cruza información y envía el listado de contribuyentes incumplidos, quienes recibieron facturas falsas se ven afectados y tienen que comprobar la materialidad del producto o servicio que se adquirió, pues la carga de la prueba recae en el propio contribuyente”, asegura el líder de los contadores.

“La alerta existe”, advierte Parra Terríquez, “muchos contribuyentes generan cuentas sin sustento, operaciones inexistentes y registro contable sin base normativa, lo que les implica problemas fiscales. De ahí la recomendación a las empresas de contratar contadores certificados con el aval moral del IMCP”.

“Nuestro gremio está sujeto a fuertes autorregulaciones a fin de evitar caer en malas prácticas y fortalecer la profesión. El código de ética del contador público está enfocado a la actuación del profesional, independientemente de en qué área se desempeñe, el cual está alineado a normas internacionales”, enfatizó.

En su oportunidad, el invitado especial al desayuno técnico, José Luis Delgado Benítez, inspector federal del trabajo calificado de la Secretaria del Trabajo; extendió el tema revisiones a los patrones en la participación de los trabajadores en las utilidades, PTU; conforme a la ley federal del trabajo.

Entre otros puntos abundó sobre quienes son factibles de recibir esta prestación y quienes no y sobre los plazos legales para la entrega de parte de las empresas y sobre la nueva política pública en materia laboral que fortalece los esquemas de vigilancia para garantizar el derecho al trabajo digno.