AI critica a la PGR por intentar “desacreditar” el trabajo de peritos argentinos.

La Fiscalía mexicana no solo falló en atender “satisfactoriamente” las irregularidades detectadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la investigación del caso Iguala, sino que intenta “desacreditar” su trabajo y reputación, denunció Amnistía Internacional (AI).
En una declaración pública, la organización humanitaria recordó que el EAAF participa, a petición de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en el caso para “garantizar que la investigación sea sostenida y apoyada científicamente”.
Los “respetados expertos independientes” señalaron el fin de semana que las conclusiones del caso presentadas por el fiscal Jesús Murillo el 27 de enero pasado “evidenciaban graves deficiencias en la investigación” y fueron emitidas meses antes de que finalizara el trabajo forense, apuntó.
La respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) al “cuidadoso examen realizado por el EAAF” parece “intentar desacreditar” el trabajo y la reputación de los expertos, “en lugar de analizar las recomendaciones”.
La fiscalía mexicana acusó ayer al EAAF, una prestigiosa organización surgida en los años 80 en Argentina, de querer sembrar dudas en torno a la investigación.
Entre otras cosas, la institución aseguró que los miembros de dicho grupo sólo dominan las disciplinas de antropología, criminalística y genética, por lo que “sus alcances en conocimiento de otros dictámenes no son válidos como expertos”.
AI expresó hoy su preocupación de que la evidencia del caso “podría haber sido manipulada”, y exigió al Gobierno investigar adecuadamente las “inconsistencias” del expediente, en estrecha colaboración con el EAAF, familiares de las víctimas y sus representantes.
El Gobierno “sostiene su caso principalmente en los testimonios auto inculpatorios dados por los detenidos”, quienes aseguran que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero del municipio de Cocula, y “evidencia forense muy limitada”, afirmó.
La agrupación llamó al Gobierno a dar al EAAF “pleno acceso” a sus archivos y “todas las garantías necesarias para cumplir con su deber sin ninguna interferencia indebida, evitando además cualquier descalificación por parte de funcionarios de alto rango”.
Además, le pidió “discutir adecuadamente todos los aspectos relevantes de este caso con las familias y sus representantes antes de hacer cualquier anuncio público”, un compromiso que ha incumplido hasta ahora, así como “examinar a fondo la historia contada por quienes sobrevivieron al ataque”.
La noche del 26 de septiembre pasado policías locales atacaron a tiros a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa presuntamente por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, para evitar que interrumpieran un acto de su esposa.
En el tiroteo murieron seis personas, incluidos tres alumnos, 25 resultaron heridas y 43 estudiantes fueron detenidos y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron en un basurero de Cocula, según el testimonio de varios de los detenidos.
AI aseguró que la “investigación debe incluir un cuestionamiento serio sobre la posible participación de militares durante el día del ataque y su posible complicidad previa con el crimen organizado que permitió que la violencia creciera de tal manera en la región”.
Los familiares de los desaparecidos exigen a la PGR la apertura de una línea de investigación sobre el papel que jugó el Ejército ese día, pero el Gobierno mexicano se ha negado tajantemente al asegurar que las fuerzas federales no estuvieron involucradas. (EFE)