El Titular del Poder Ejecutivo, Ejerce Plenamente sus Facultades Constitucionales.

Tepic, Nayarit.

• Con esta Ley no solo se pretende prestar el servicio de defensoría pública penal también se busca apoyar aquellas personas que por su condición particular no estén en condiciones de hacer frente a un proceso judicial, patrocinándolos y asesorándolos en los juicios de materias civil, familiar, administrativo y mercantil.

El  Gobernador del Estado, Roberto Sandoval Castañeda, haciendo uso de sus facultades constitucionales, presentó a la Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado, que preside el Diputado Armando García Jiménez,  la iniciativa que propone la Nueva Ley de Defensoría Pública del Estado de Nayarit.

En reforma a una legislación secundaria, el ejecutivo propone que actualice, y por tanto adecuada a la realidad social en que se vive, para que se aplique también a todos los habitantes por igual, sin mediar condición económica, política, étnica, cultural, de género o social, lo cual permitirá contar con instrumentos normativos acordes a las últimas reformas de la Constitución Política Federal y Local, para lograr la congruencia procedimental requerida; lo que determina el compromiso de presentar la Iniciativa de una nueva Ley, relacionada con la Defensoría Pública, que establezca los lineamientos óptimos para brindar el servicio de asesoría y defensa legal en materia penal.

La Iniciativa contempla que se tiene la obligación de expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio en nuestra entidad. Es entonces, el sistema penal el que habrá de regirnos, la oralidad es el medio por excelencia para poner en marcha los principios rectores del sistema acusatorio.

Se establece que el proceso penal estará presidido por la idea de debate, de controversia, de contradicción, de lucha de contrarios y será la síntesis demostrativa de la actividad de las partes encaminada a velar por los intereses que representan. De tal manera que, el proceso será un diálogo abierto entre los diversos actores que confrontarán por el predominio de lo que consideran, es la verdad procesal. Gracias a la reforma, la trascendencia de la labor de los jueces tendrá una preeminencia sin precedentes en México.

La garantía de defensa en México ha sido reconocida con el objeto de que no existiera desamparo jurídico de los ciudadanos y evitar de esta forma violaciones a las garantías Constitucionales; Aunado a la Reforma Constitucional la cual ordena la implementación del Sistema Acusatorio de Justicia Penal, todos los defensores deberán estar capacitados para intervenir en los juicios orales ante los jueces de control, de juicio oral y de ejecución de penas, este servicio de orientación y representación jurídica gratuita, estará a cargo de la Dirección General de la Defensoría Pública.

Para dar cumplimiento, a dicho mandato constitucional, la presente Iniciativa de Ley, establece las bases jurídicas que regirán el servicio de defensoría pública y asesoría jurídica en nuestro Estado y contará además con innovaciones importantes, entre las que destacan las siguientes:

La incorporación de la asistencia jurídica en materia del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial; Redefine al defensor público, como el servidor que tiene a su cargo la asistencia jurídica de las personas que carecen de defensa o patrocinio legal; y garantiza el derecho de los imputados a recibir una defensa adecuada, en la estructura funcional de la Dirección General de la Defensoría Pública.

Se contempla que la coordinación de asistencia jurídica la cual contará con una plantilla de defensores públicos y otra de asesores jurídicos; se encargue, de supervisar el desempeño de los defensores públicos en el ejercicio pleno de su función, a fin de que el servicio sea brindado en forma oportuna, diligente, eficaz y de manera continua, sin interrupciones; situación que proporcionará al usuario tener mayor certeza de que los defensores públicos prestarán sus servicios de forma obligatoria y gratuita.

Con esta Ley no solo se pretende prestar el servicio de defensoría pública penal, también se busca apoyar aquellas personas o grupos de personas que por su condición particular no estén en condiciones de hacer frente a un proceso judicial, patrocinándolos y asesorándolos tanto en los juicios de la materia antes mencionada como en los juicios de materias civil, familiar, administrativo y mercantil.

Por último con la presente Iniciativa de Ley, además de fortalecer la confianza de los ciudadanos nayaritas en las instituciones encargadas de la aplicación de las leyes vigentes en el Estado, se mejorarán los servicios de asesoría y defensa legal pública y se contempla la implantación real del servicio profesional de carrera, esto con la visión y el ánimo principal de mejorar y facilitar el acceso de todos los habitantes de Nayarit a la tutela judicial efectiva en caso de requerir de los servicios que otorga la Defensoría Pública, así como de propiciar la seguridad jurídica ante los tribunales para garantizar la adecuada defensa a los derechos de los Nayaritas.